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UN MES DESPUÉS DEL TERREMOTO: EL SUBREGISTRO AMENAZA CON DEJAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS FUERA DE LA AYUDA HUMANITARIA Y LA RECONSTRUCCIÓN

Emisora Dachi Bedea 2026-09-14

Tabla de contenidos

Los pueblos indígenas existimos y resistimos; #ONICSalvandoVidas

Tenga presente: ? Unidos somos más fuertes y podemos frenar.... Leer más(https://www.onic.org.co/pa-que-cuarentena-si-no-hay-casa/)

Reporte Especial 001 – Trapecio Amazónico: Pueblos Indígenas con Alto Grado de Vulnerabilidad Multifactorial

Descarga Informe en PDF Dando Click AQUI REPORTE ESPECIAL.... Leer más(https://www.onic.org.co/pa-que-cuarentena-si-no-hay-casa/)

Comunicado de prensa

Bogotá 11 de nov. de 2020 En el mes de.... Leer más(https://www.onic.org.co/pa-que-cuarentena-si-no-hay-casa/)

10 de septiembre de 2026

Hoy se cumple un mes del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto de 2026. La Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC—, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, honra la memoria de quienes perdieron la vida y acompaña a las familias, comunidades y pueblos que hoy lloran a sus seres queridos, o que se quedaron sin vivienda, sin sustento y sin la infraestructura que sostenía su día a día.

Reconocemos, además, el trabajo silencioso de las autoridades indígenas, las Guardias Indígenas, las organizaciones regionales, los equipos comunitarios y tantas personas solidarias que, desde la primera hora, salieron a proteger la vida y a atender la emergencia en los territorios.

Pero para muchos pueblos indígenas la emergencia no ha terminado. Apenas empieza a mostrarse en toda su dimensión.

El sismo, de magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, golpeó con fuerza los territorios indígenas de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, y en menor medida los de Quindío, Caldas, Antioquia y Tolima. Entre los pueblos afectados están comunidades Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío, Wounaan, Tule, Eperara Siapidara y Nasa, entre otras.

Con la información que hemos podido consolidar hasta ahora —preliminar, y todavía sujeta a verificación en terreno—, la ONIC tiene registro de 243 territorios afectados: cerca de 6.407 familias, 4.969 viviendas averiadas o destruidas, 220 instituciones educativas dañadas y 5.273 estudiantes con su educación interrumpida. Lamentamos tres personas fallecidas y cerca de 1.500 heridos leves.

Y aun así, estas cifras no cuentan toda la historia. Cuentan, sobre todo, cuánto falta por saber.

Buena parte de estas comunidades vive en zonas rurales, selváticas y ribereñas de difícil acceso, donde las comunicaciones son escasas y moverse puede tomar días, no horas. En muchos de estos lugares las brigadas institucionales todavía no han llegado a hacer la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades —EDAN—, a censar a las familias o a entregar la ayuda humanitaria.

Que algunas alcaldías no cuenten con la capacidad técnica, humana, presupuestal o logística para llegar a estos territorios es un problema real. Pero ese problema no puede resolverse dejando por fuera a comunidades indígenas enteras. Estar lejos no es lo mismo que no existir, y el aislamiento geográfico nunca debería ser motivo para negarle derechos a nadie.

Nos preocupa especialmente lo que está pasando con el Registro Único de Damnificados —RUD—. Se cerró de manera definitiva el 7 de septiembre de 2026, antes de que muchos territorios apartados pudieran siquiera ser visitados, censados y verificados.

Quedar por fuera del RUD tiene consecuencias muy concretas: sin ese registro no se puede acceder a la ayuda humanitaria, a los apoyos económicos para alojamiento y vivienda, a los materiales de construcción ni a los programas de recuperación que vendrán después. El cierre administrativo de un registro no puede pesar más que el derecho de las personas a recibir ayuda, sobre todo cuando no pudieron ser censadas por razones que no dependían de ellas.

Las autoridades y organizaciones indígenas hemos pedido que se reconozcan los censos propios y autocensos comunitarios como fuente válida para identificar y caracterizar a las familias damnificadas. También le solicitamos a la UNGRD y a la Defensoría del Pueblo una reunión interinstitucional para buscar una solución inmediata. Hemos recibido respuestas de trámite y avances puntuales en casos específicos, pero hasta hoy no se ha instalado una mesa con capacidad real de decisión, ni existe una ruta nacional para corregir el subregistro étnico.

Por eso, desde la Consejería de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC— exige: