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Informe de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia 2023-2026
Emisora Dachi Bedea 2026-10-15
Tabla de contenidos
Boletín 007 Sistema de monitoreo territorial (SMT) – ONIC Información para proteger la vida y los territorios
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Boletín 021 Sistema de monitoreo territorial (SMT) – ONIC Información para proteger la vida y los territorios
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Boletín 022 Sistema de monitoreo territorial (SMT) – ONIC Información para proteger la vida y los territorios
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DEFENDER EL TERRITORIO, SOSTENER LA VIDA.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA VIOLENCIA Y EL CONTROL ARMADO EN COLOMBIA
La paz desde la visión de los pueblos indígenas
En este informe presentamos la visión de paz que los pueblos indígenas hemos construido y sostenido a lo largo de nuestra historia. Para nosotros, la paz no se reduce a que callen los fusiles, ni a ser invitados de vez en cuando a espacios de diálogo. Entendemos la paz como la posibilidad de seguir existiendo física y culturalmente, recuperar el equilibrio de nuestros territorios, ejercer plenamente nuestra autonomía y nuestro gobierno propio, acceder a la justicia y dejar atrás el racismo estructural. También la concebimos como la transformación de las relaciones de poder desiguales que por siglos han sostenido la exclusión, la violencia y el despojo.
Desde nuestra visión, la paz es el buen vivir comunitario en equilibrio y armonía con el territorio y la naturaleza, en sus dimensiones materiales e inmateriales. Esto significa cuidar la vida, las relaciones comunitarias, los bienes y espacios que la sostienen, así como nuestros fundamentos espirituales, culturales y ancestrales.
Hoy contamos con escenarios como el Mecanismo Nacional de Participación de los Pueblos Indígenas en la construcción de paz, las instancias mixtas territoriales y el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz de 2016. Reconocemos estos espacios como conquistas colectivas y bases firmes para seguir avanzando. Sin embargo, advertimos que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la voluntad de cada Gobierno, ni limitarse a reuniones con las instituciones. Exigimos que se vea en los territorios, con capacidades que permanezcan: sistemas propios de autoprotección más fuertes, gobierno propio y autonomía territorial respetados, y comunidades mejor preparadas para prevenir riesgos, responder a emergencias humanitarias y proteger la vida.
Tampoco medimos la paz solo por la ausencia de combates, ni la reducimos a una idea militar de la seguridad. Construirla exige enfrentar el racismo, el despojo de tierras, la desigualdad, el daño a la naturaleza y la imposición cultural que siguen afectando nuestras vidas. Para nosotros, construir paz es cuidar los territorios como espacios de vida, mantener vivos nuestros sistemas de conocimiento culturales y espirituales y ver reconocido nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Con esta mirada, el análisis de los corredores de guerra que desarrollamos en este informe va más allá de señalar dónde están y qué hacen los actores armados. Muestra cómo se cruzan el control territorial, los intereses económicos y ambientales, las economías legales e ilegales, y los daños a nuestra autonomía, nuestra cultura y nuestro gobierno propio. Por eso, reclamamos una respuesta del Estado que una la atención humanitaria con garantías territoriales, culturales, ambientales y de participación real, siempre con respeto por la autonomía de los pueblos indígenas.
Corredores de la guerra, extracción de recursos y afectaciones a los pueblos indígenas
Entendemos los corredores que documentamos en el Observatorio como lugares donde se cruzan el control territorial, la movilidad de las comunidades, las economías legales e ilegales, la extracción de recursos naturales, la infraestructura y las afectaciones a nuestra autonomía. Un corredor no es solo una carretera. También son los ríos, las quebradas, los caminos comunitarios, las trochas, los oleoductos, las vías hacia las minas, los puertos, los puntos de abastecimiento y los pasos de frontera.
Entre 2016 y 2026 hemos registrado en el Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas ODPI-ONIC 2.564 afectaciones en Colombia. Para el periodo 2023–2026 contamos con 1.210 afectaciones. Nariño concentra 693 registros, Valle del Cauca 121 y Chocó 53. Esta distribución refleja el volumen de información que hemos podido documentar en los territorios indígenas gracias a nuestras organizaciones filiales que se componen en nuestra principal fuente de información primaria.
1. Corredor Pacífico y Chocó: control de ríos y territorios de vida
Nariño, pueblos Awá
Los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, junto con las zonas de piedemonte y frontera, forman una red que une el litoral Pacífico, la cordillera, los ríos y los pasos hacia Ecuador. Nuestra movilidad depende de los ríos, los caminos comunitarios, las trochas, las rutas de abastecimiento, los lugares de pesca y los senderos que llevan a los cultivos y a los sitios de uso tradicional. Por eso, quien controla estas conexiones puede decidir quién entra y qué entra (personas, alimentos, insumos y servicios) e interferir en el gobierno propio de nuestras autoridades.
Los registros de los resguardos del pueblo indígena Awá muestran restricciones a la movilidad, amenazas, presencia de minas antipersonal, afectaciones a las escuelas y dificultades para conseguir alimentos. En este contexto, la minería, los cultivos de uso ilícito, la deforestación y el control armado de los ríos deben verse como dinámicas que pueden darse al mismo tiempo y en el mismo lugar.
Los ríos Telembí, Nambí, Güiza, Mayasquer y Nulpe, son un caso que nos preocupa especialmente. Un registro del 22 de julio de 2025 describe la presencia de personas externas y de elementos de minería ilegal en el sector Agua Clara del resguardo indígena Awá El Gran Sábalo. Otro registro de 2025 reporta minería atribuida a grupos armados en Nulpe Medio Alto Río San Juan. Estos hechos nos alertan sobre posibles daños a los cauces, la pesca, el agua, la movilidad y el gobierno propio.
La Agencia Nacional de Minería[1] reporta títulos mineros y actividad de pequeña, mediana y gran escala en el departamento, con presencia de oro y otros minerales. Con esta información podemos identificar presiones extractivas potenciales, superposiciones con resguardos, el estado de la consulta previa y del licenciamiento, y la actividad que realmente se desarrolla bajo el impulso de actores armados.
En el resguardo Hojal La Turbia, un registro de agosto de 2025 relaciona restricciones para recoger alimentos, la interrupción de las clases y denuncias de presión para transportar víveres. Este caso muestra cómo se acumulan los daños sobre la alimentación, la niñez, la educación y la movilidad, y por qué deben analizarse junto con el control territorial.
Atrato, San Juan, Baudó y Bajo Calima
En Chocó, los ríos son al mismo tiempo caminos, fuentes de agua, lugares de pesca, de abastecimiento y de intercambio, y parte de la relación espiritual de nuestros pueblos con el territorio, como sucede con los ríos Atrato y San Juan. Cuando los armados regulan la navegación, los embarcaderos o los horarios de tránsito, las comunidades pueden quedar confinadas aunque sigan viviendo en sus comunidades. En este corredor los recursos de mayor interés económico están el oro, el platino, la madera, la biodiversidad, el agua, los materiales de arrastre, las tierras productivas y las rutas fluviales. La minería de oro y platino tiene una larga historia en el departamento; la ANM[2] registra títulos, áreas de reserva especial y procesos de formalización minera. En un
mismo territorio pueden convivir la minería tradicional, los títulos formales, la minería informal y actividades ilegales ligadas al control armado.
La explotación de oro de aluvión debe analizarse por sus efectos sobre los cauces, los sedimentos, la deforestación, el uso de maquinaria y la posible contaminación por mercurio[3]. Estos daños golpean directamente la pesca, la alimentación, la salud y los sistemas de conocimiento indígena. En La Raya, Riosucio, los registros de 2025 documentan controles sobre el corte de madera y cobros por la cría de animales. Esto muestra que las rentas del control armado van más allá del oro y alcanzan la madera, la producción animal, el transporte y el abastecimiento.
Por eso, la respuesta humanitaria en este corredor debe priorizar el acceso seguro a alimentos, agua, salud, pesca y transporte comunitario; la protección de nuestras autoridades; el monitoreo de la contaminación del agua; y la documentación de cobros, restricciones a la navegación, control de la madera y daños a los medios de vida.
Valle del Cauca y articulación de los corredores del Pacífico
Dentro de los corredores de guerra del Pacífico, el Valle del Cauca necesita una mirada propia. Allí los territorios indígenas, los caminos comunitarios y los lugares por donde las comunidades se mueven y se abastecen están estrechamente conectados. Entre 2023 y el corte de 2026 registramos 121 afectaciones en el departamento: 36 amenazas individuales, 16 amenazas colectivas, 13 homicidios, 9 desplazamientos colectivos y 8 casos de reclutamiento forzado. Estas cifras muestran que, al mismo tiempo, hay que proteger a las autoridades y a las comunidades, prevenir el reclutamiento y garantizar que los pueblos puedan permanecer en sus territorios. La mayoría de los registros se refieren a los pueblos Emberá Chamí y Nasa.
2. Caribe y Centro: intereses extractivos y conectividad
Nudo de Paramillo, Sinú, San Jorge y conexiones con Urabá
El Nudo de Paramillo conecta el Bajo Cauca, Urabá, el sur de Córdoba y las cuencas del Sinú y el San Jorge. Su importancia se explica porque allí se juntan montañas, ríos, bosques, caminos rurales y conexiones con zonas mineras, ganaderas y agroindustriales. En este espacio confluyen intereses sobre el oro, el níquel, el carbón, la madera, los suelos productivos, el agua y las rutas hacia el Caribe y el Bajo Cauca.
El proyecto Cerro Matoso muestra el peso de la extracción de níquel en Córdoba. La ANM[4] lo identifica como el principal proyecto de níquel del país, con operación en municipios como Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Para analizarlo no basta con mirar la explotación y la cadena de transformación; también hay que considerar los impactos sobre el agua, la salud y el aire, la consulta previa, las obligaciones ambientales y los derechos de las comunidades étnicas.
En esta región necesitamos valorar cómo la minería legal e ilegal, la ganadería extensiva, la extracción de madera y las rentas armadas afectan a las comunidades indígenas Zenú y Emberá Katío. La pregunta central no es solo cuánto se extrae, sino quién controla el acceso, quién cobra por trabajar o transportar, qué fuentes de agua se están transformando y qué posibilidades tienen nuestras autoridades de ejercer su propio control territorial y ambiental.
Sierra Nevada y territorios del Caribe
La Guajira, Cesar y Magdalena forman un sistema territorial donde se relacionan la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el agua, la minería de carbón, la infraestructura férrea y portuaria, la energía, la agricultura y los territorios ancestrales. Este corredor extractivo debe verse como una cadena: mina, carretera o ferrocarril, puerto y exportación.
La ANM[5] identifica a Cerrejón como una de las principales minas de carbón a cielo abierto del país y reconoce la importancia de la Línea Negra como espacio ancestral y sagrado de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Por eso, cualquier análisis de proyectos o infraestructura debe mirar no solo el área directa de intervención, sino también los sitios sagrados, las fuentes de agua, las rutas tradicionales, la consulta previa y los efectos acumulados.
La minería de carbón del Cesar y La Guajira está conectada con corredores terrestres, férreos y portuarios hacia el Caribe. Entre los riesgos que debemos documentar están la fragmentación del territorio, la presión sobre el agua, los reasentamientos, la pérdida de cultivos, el polvo, el ruido, el daño a lugares sagrados, los conflictos por la consulta previa y los cambios en las economías locales.
Catatumbo y eje territorial Barí y U’wa
En el Catatumbo se cruzan la frontera, la economía de la coca, el contrabando, los hidrocarburos, la minería, los ríos, las vías y el control de los pasos fronterizos. El corredor se conecta con Cúcuta, Tibú, El Tarra, La Gabarra, Ocaña, el sur del Cesar, Arauca y Boyacá. Para los pueblos Barí y U’wa, esta red debe analizarse desde el territorio ancestral, la movilidad, la consulta previa, el gobierno propio y la protección de los sitios de especial valor cultural. Entre los intereses económicos y estratégicos de la zona están los cultivos y la transformación de coca, el transporte de insumos, la extracción y el transporte de hidrocarburos, el robo de crudo, la minería[6], la infraestructura de transporte y el control de trochas. El oleoducto Caño Limón–Coveñas es clave porque conecta las zonas productoras con el Caribe. Los ataques, derrames o intervenciones sobre la infraestructura petrolera pueden dañar el agua, el suelo, la pesca, la movilidad y la salud[7].
La Transversal del Catatumbo[8] y otras obras de conectividad pueden mejorar el acceso a salud, educación, abastecimiento y mercados. Sin embargo, también traen riesgos que hay que evaluar: apertura a la extracción, presión sobre la tierra, entrada de maquinaria, colonización, presencia armada y afectación de los territorios indígenas. Por eso es necesario verificar el trazado, los predios, las superposiciones, la consulta previa, las salvaguardas ambientales y los mecanismos de participación de las comunidades.
En el ODPI-ONIC hemos registrado amenazas, homicidios, reclutamiento, desplazamiento y confinamiento, junto con algunas afectaciones ambientales como minería ilegal, contaminación del agua, deforestación y derrames de petróleo. Que haya menos registros ambientales no significa que el daño sea menor: buena parte de ese daño aparece en los relatos sobre restricciones a la movilidad, pérdida de medios de vida, presencia armada o afectación del gobierno propio.
3. Amazonía y Orinoquía: bosques, agua, hidrocarburos y dispersión territorial
Amazonía y corredores fluviales
En la Amazonía, los corredores son sobre todo fluviales, fronterizos y comunitarios. Los ríos sirven para transportarse, alimentarse, comunicarse, intercambiar y mantener la relación espiritual con el territorio. Las actividades extractivas, la infraestructura o la presencia de actores armados pueden afectar, de manera acumulada, las fuentes de agua, la pesca, la movilidad, la seguridad alimentaria y a quienes ejercen liderazgo ambiental.
Entre los intereses económicos presentes o potenciales están los hidrocarburos, los minerales, la madera, la ganadería, los cultivos de uso ilícito, las vías, la biodiversidad, los servicios ambientales y la valorización de las tierras.
La ANLA[9] ha reportado en el Putumayo proyectos con licencia ambiental y polígonos con potencial para hidrocarburos, además de áreas de exploración y desarrollo en municipios como Puerto Asís y Puerto Guzmán. Frente a estos proyectos debemos verificar su ubicación, la consulta previa, los posibles daños a ríos, chagras y sitios sagrados, las vías o plataformas construidas, los derrames, los cambios en la movilidad y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Alto Putumayo y Orinoquía
El eje Santiago–Sibundoy–San Francisco–Mocoa es un corredor de conectividad y, a la vez, un territorio de fuentes de agua, chagras, lugares sagrados y relaciones históricas de los pueblos Inga y Kamëntšá.